“POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y SE ESTABLECEN OTROS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ASAMBLEAS DE INTERVENCIÓN”.-
Asunción, 27 de octubre de 2.009.
VISTO: La necesidad de reglamentar la designación de las autoridades para las Asambleas Generales de Socios de las Cooperativas Intervenidas y establecer los demás procedimientos tendientes al cumplimiento del artículo 31 de la Ley 2.157/03, y;
CONSIDERANDO: QUE, en virtud de la imprevisión expresa de la Ley 2.157/03, en cuanto al modo de designación de autoridades, en caso de la Asamblea General de Socios convocada en el marco de la Intervención a una Cooperativa, resulta prudente traer a colación la aplicación subsidiaria del derecho común, prevista en los artículos 7° y 8° de la Ley 438/94 “De Cooperativas”. En ese sentido, deviene aplicable al caso que nos ocupa, la disposición del artículo 1.088 del Código Civil Paraguayo, que en su parte pertinente dice: “...Cuando la asamblea fuere convocada por el juez, será presidida por el mismo o por el funcionario que designe”. Consecuentemente, de la integración de la referida norma del Derecho Civil vigente, se desprende la competencia del INCOOP para designar, resolución particular mediante y en cada caso específico, a las personas que revistan los caracteres de autoridades -Presidente y Secretarios-, en las Asambleas Generales de Socios de las Cooperativas sometidas a la medida de Intervención.
QUE, por otro lado y en cuanto a las posibles “designación” o “ratificación” previstas en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 2.157/03, cabe traer a colación que en virtud de las disposiciones de los artículos 67 y 77 de la Ley 438/94, existe “responsabilidad personal” de un socio integrante de alguno de los órganos de gobierno la Cooperativa, cuando por sí mismo comete una irregularidad, y, por otro lado, se configura la “responsabilidad solidaria”, cuando la mayoría ejecuta un acto anómalo u omite el cumplimiento de una obligación legal o estatutaria, y la situación del particular no se ajusta a ninguno de los casos de eximición que prevén las referidas normativas de la Ley “De Cooperativas”.
QUE, los Informes de Intervención que se ponen a conocimiento de las Asambleas “De Intervención”, contienen notas referentes a las actuaciones y gestiones de la dirigencia y, entre sus integrantes, habrá socios con responsabilidad personal o individual directa –por presunto mal desempeño en sus funciones- y otros, sin responsabilidad alguna o en menor grado, respecto de esos supuestos. En consecuencia, resulta más acorde a derecho, que la votación sea hecha en forma individual –por cada uno de los ratificables o separables de sus cargos- y no en forma colectiva, dado que con esta última, algunos de los dirigentes quienes no incurrieron en mal desempeño de sus funciones, según la voluntad de los asambleístas se verían indebidamente afectados por la NO-RATIFICACIÓN, en caso de votarse “por el órgano”, sin justipreciar a cada uno de sus integrantes, en su individualidad; asimismo, a la inversa, podría suscitarse el caso de que aquellos que habrían cometido supuestas transgresiones a las normas cooperativas, resulten beneficiados con la ratificación en sus cargos, como consecuencia del voto de confianza que merecieron los inocentes. Sin embargo, con la votación en forma individual se logra garantizar -desde todo punto de vista- la democracia pura, debido a que el socio votante sabrá a quién darle -y a quién no- su voto de confianza, de acuerdo al criterio que se forme luego de la lectura del Informe de Intervención.
QUE, por los fundamentos expuestos en el párrafo precedente, corresponde que la votación sea “por cada una de las personas” y no “por el estamento electivo”. Consecuentemente, los boletines de votos deben consignar los nombres de cada uno de los miembros que serán considerados -o juzgados- por la Asamblea, a objeto de que los concurrentes habilitados voten por su “ratificación” o su “irratificación” (no-ratificación) en los cargos que ocupaban antes de la Intervención.
QUE, por otro lado y en caso de que la Asamblea resuelva, con los votos, la no-ratificación de alguno, algunos o todos los directivos hasta entonces suspendidos en sus cargos, se debe realizar la elección para ocupar los cargos que, por consecuencia de la irratificación, quedaron vacantes. A tal efecto, se debe utilizar el mismo procedimiento legal y estatutariamente establecido para las elecciones en general.
QUE, en cuanto a la mayoría necesaria para “ratificar” o “irratificar” a las autoridades de la Cooperativa -suspendidas en el marco de la Intervención-, cabe resaltar que la “ratificación” es una figura jurídica desprendida del artículo 31, numeral 4, de la Ley 2.157/03, cuya naturaleza deviene distinta a la de la “remoción”, preceptuada en el artículo 65 de la Ley 438/94. Justamente, la legislación incorpora la figura de “ratificación”, para diferenciarla de la “remoción”, ya que esta última acontece en el ámbito interno de la Cooperativa -viene de adentro de la entidad-, cuando la Asamblea -por motus proprio y, generalmente, por la desconfianza hacia sus mandatarios, surgida en cualquier momento- decide despojar de la investidura dirigencial a quienes, hasta entonces, ejercían cargos dentro de los órganos electivos de gobierno, en cuyo caso el artículo 73 del Decreto N° 14.052/96 exige claramente la mayoría calificada, consistente en los dos tercios de la masa asamblearia votante. Sin embargo, la “ratificación” –e igualmente su cara opuesta, la “irratificación”- que prevé la Ley 2.157/03, no requiere más que la mayoría simple, constituida por “la mitad más uno de los votantes”, ya que según el artículo 59 de la Ley 438/94, las resoluciones asamblearias se adoptaran por simple mayoría de votos, salvo aquellas cuestiones para las que se “requiera” mayoría calificada -constituidas, en exclusividad, por los casos expresamente regulados en los artículos 73 y 97 del Decreto N° 14.052/96, ya que la Ley 2.157/03 no impone ese “requisito” y tampoco se refiere a la “remoción”-; asimismo, resulta manifiestamente irracional y violatorio de los principios democráticos elementales que, ante la comprobación de irregularidades -a través de los técnicos designados por la Autoridad de Aplicación-, sea la “minoría” de los votantes, la que decida por encima de la “mayoría” matemáticamente evidente, cuya voluntad legítima se vería anulada, ilegal e inconstitucionalmente, tan solo por un mínimo margen de “decimales”, a pesar de ser ampliamente los más.
QUE, en virtud del artículo 5° -incisos “a” y “d”- de la Ley 2.157/03, el INCOOP ostenta las atribuciones de “Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, la Ley de Cooperativas, los reglamentos, las resoluciones y demás normas vigentes” y, asimismo, “Dictar resoluciones de carácter general y particular y, pronunciar otros actos administrativos con arreglo a la legislación cooperativa vigente”.
POR TANTO, en cumplimiento de sus atribuciones legales, en sesión de fecha 13 de octubre de 2.009, asentada en el Acta N° 301/09;
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
R E S U E L V E:
1. DESIGNAR, resolución particular mediante y en cada caso especifico, a los funcionarios que revistan los caracteres de autoridades -Presidente y Secretarios en las Asambleas Generales de Socios de las Cooperativas sometidas a la medida de Intervención, quienes firmaran el Acta conjuntamente con los socios que para el efecto resulten designados por los asambleístas.
2. ESTABLECER que la votación para la ratificaci6n o no-ratificación (irratificación) de las autoridades actualmente suspendidas, sea “por cada una de las personas en su individualidad” y no “por el estamento electivo”. Consecuentemente, los boletines de votos deben consignar los nombres de cada uno de los miembros que serán considerados -o juzgados- por la asamblea, a objeto de que los concurrentes habilitados voten por su 'ratificación' o su “irratificación” (no-ratificación) en los cargos que ocupaban antes de la Intervención. Al nombre de cada directivo ratificable, se le asignará en los boletines de voto, un recuadro que contenga la palabra “SI” para que el votante lo marque si su decisión es favorable a la ratificación de ese dirigente, y, al lado, otro recuadro que exprese la palabra “NO”, para que el votante lo marque si su opción es por la irratificación (no-ratificación) de ese suspendido, en particular.
3. ESTABLECER que, en caso de que la Asamblea resuelva, con los votos, la no-ratificación de alguno, algunos o todos los directivos hasta entonces suspendidos en sus cargos, se realizará la elección para ocupar los cargos que, por consecuencia de la irratificación, quedaron vacantes. A tal efecto, se utilizará el mismo procedimiento legal y estatutariamente establecido para las elecciones en general.
4. FIJAR, conforme con las disposiciones del artículo 59 de la Ley 438/94, la “mayoría simple” -es decir, la mitad más uno de la concurrencia votante-, como cantidad necesaria de votos, tanto para la “ratificación” o la “irratificación” (no-ratificación), así como para la ocupación de las vacancias, si se produjeren, como consecuencia de la no-ratificación de alguno, algunos o todos los directivos suspendidos.
5. COMUNICAR a quienes corresponda, dar amplia publicidad y, cumplida, archivar.
FDO: Antonio B. Ortiz Guanes
(Presidente. Instituto Nacional de Cooperativismo).